dijous, d’octubre 09, 2008




LA VANGUARDIA, avui:


El Constitucional ultima una sentencia que cercena aspectos clave del Estatut
La resolución puede salvar el concepto ´nación´, pero rebajará financiación y lengua


La palabra 'nación' se subordinará a la existencia de una sola soberanía, la española


Los magistrados se resisten al deber de conocer el catalán en Catalunya


El Gobierno duda entre dejar que el actual TC resuelva el Estatut o renovarlo


Los candidatos propuestos por el PP para el TC dificultan los cambios
José María Brunet Madrid 09/10/2008 Actualizada a las 03:33h
El Tribunal Constitucional (TC) está ultimando estos días la sentencia sobre el Estatut, con la idea de que imponga fuertes limitaciones a algunos de sus aspectos clave, como la financiación y la lengua.


La deliberación ha superado ya el listón del ochenta por ciento de los artículos recurridos.
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Un magistrado, ausente de las últimas discusiones
El magistrado Javier Delgado, del sector conservador del TC, ha estado ausente, durante semanas, de las deliberaciones sobre el Estatut, debido a una larga enfermedad. Felizmente, Delgado ha experimentado una gran mejoría, pero en el propio TC ha comenzado a discutirse si podrá formar parte del pleno que vote una sentencia que no ha deliberado a fondo.
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Hay cientos de folios de borradores de la resolución, guardados bajo siete llaves, y falta lo principal, que es la votación de los textos que se van redactando y negociando palabra por palabra, punto por punto, en busca de un consenso difícil de lograr.


La presidenta del TC, María Emilia Casas, querría que la sentencia gozara del respaldo de una amplia mayoría entre los magistrados. En parte, porque eso le daría mayor legitimidad a la resolución, pero también porque ella nunca ha ocultado que jamás decidirá sobre el Estatut con su voto de calidad, en caso de empate. Pero la búsqueda de ese acuerdo añade cada día más agua al vino de la resolución.


El Gobierno lo sabe, pero de momento deja hacer. El proceso de renovación del TC -que debe suponer el cambio de cinco magistrados, entre ellos la propia Casas- ha quedado bloqueado en el Senado. En el Ejecutivo está abierto el debate sobre la conveniencia de precipitar la renovación, aun a costa de aceptar total o parcialmente la propuesta de candidatos del PP, o bien permitir que los plazos se dilaten y sea el actual TC el que falle sobre el Estatut. Como es lógico, la decisión se tomará al final al máximo nivel, según el análisis que se realice sobre qué solución supondrá un menor coste. El Gobierno se siente, en todo caso, relativamente tranquilo, porque cree que el debate sobre el Estatut ya no constituye una amenaza electoral -como habría ocurrido si el TC lo hubiera dinamitado en la anterior legislatura-, y porque considera que la sentencia que se dicte puede incluso permitirle encauzar la cuestión autonómica, sobre todo en lo relativo a la financiación.


Las noticias que proceden del TC sobre la discusión del Estatut señalan que la sentencia dejará muy bien sentado que Catalunya no puede fijar su financiación en una negociación exclusivamente bilateral con el Gobierno, y que el modelo que se establezca en cada pacto deberá garantizar la solidaridad entre territorios, con el fin de garantizar la igualdad básica de derechos de los ciudadanos, sea cual sea su comunidad autónoma de origen o residencia. La bilateralidad, por tanto, no quedará excluida como método de diálogo, pero sí enmarcada en un deber de negociación y acuerdo globales, con inexcusable aplicación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera como foro de encuentro de las autonomías de régimen común, que son todas menos el País Vasco y Navarra. De nuevo quedará claro, en suma, que el modelo de Catalunya se mantiene lejos del sistema de cupo de las comunidades forales.


Igualmente, la sentencia restringirá el concepto de cooficialidad lingüística previsto en el Estatut. El objetivo perseguido es asegurar el bilingüismo en Catalunya, ante el temor de un progresivo arrumbamiento del castellano en la vida institucional y pública catalana. Para ello, la deliberación está decantada en estos momentos a favor de suprimir el deber de conocer el catalán para los ciudadanos de Catalunya. El argumento es que la Constitución determina que la lengua oficial del Estado es el castellano, si bien otras lenguas son cooficiales en las comunidades donde existan. Eliminando el deber de conocer, se consigue entre otras cosas que los jueces no tengan esa obligación en Catalunya.


Los magistrados del TC que proceden de la carrera judicial son muy sensibles a este argumento. El empleo del término nación, a su vez, podrá salvarse por formar parte del preámbulo, siempre y cuando quienes insisten en mantenerlo admitan que la sentencia subraye que sólo existe una nación, la española, como titular de la soberanía, que ejerce el pueblo español en su conjunto.


Esta filosofía está ya muy desarrollada en la reciente sentencia contra la consulta impulsada por el lehendakari Ibarretxe. El sector conservador del TC insiste mucho en que, por deber de coherencia, debería suprimirse el concepto de nación,aunque esté sólo en el preámbulo del Estatut. Pero el sector progresista se resiste a que se derribe incluso el contenido simbólico del texto. La decisión puede depender de un solo voto.

1 comentari:

Anònim ha dit...

els socialistes catalans teniu molt dificil defensar CATALUNYA i alhora seguir les directrius de ZP, es l'etern dilema entre els partits catalans i els que depenen d'altres interessos mes NACIONALS.